Consideraciones generales.
Con los altibajos que
la administración colonial sufrió en los primeros veinte años del siglo XIX, la
opción frente a un futuro independiente pronto se concretó en las mentes de todos
los guatemalenses del istmo.
La inestabilidad
política que caracterizó en esos años a la metrópoli española, así como la
incapacidad de la junta central suprema[1]
por conducir una política exterior que protegiera el comercio del imperio; aceleró
el decaimiento de las actividades económicas
más lucrativas en el Reino de Guatemala.
Estos hechos empujaron —en consecuencia— a los
elementos más visionarios de las principales élites en «la Corte[2]» a replantearse la idea de independencia
cuando la oportunidad finalmente pudiera presentarse.
La depresión económica sufrida desde los comienzos de la guerra contra
los británicos, tuvo como cúspide un hecho curioso pero comprensible solo en su
contexto.
Cuando llegaron a la
ciudad capital las noticias de la usurpación bonapartista al trono español,
tanto las autoridades de la Real Audiencia como el Cabildo civil[3]
juraron lealtad al «rey cautivo», don
Fernando VII de Borbón, ofreciendo por su liberación un «donativo patriótico» en 1808.
A finales de ese año, dicho
donativo asedia a más de un millón de
pesos duros, es decir prácticamente todo
el numerario en circulación y el añil disponible en las colonias en el
istmo[4];
que tenía como único objetivo contribuir con la resistencia española frente a la invasión napoleónica.
Semejante muestra de altruismo y lealtad de los súbditos guatemalenses,
tanto de las cofradías como de los comerciantes más acaudalados y máximos
dignatarios de la iglesia católica, fue un verdadero suicidio social y económico, dada la pobreza característica del
país.
El déficit de ingresos
reales[5],
tanto para la Corona como de los productores y comerciantes tuvo efectos
nocivos en el futuro inmediato.
Retrato de don Fernando de Borbón (futuro rey don Fernando VI) en sus tiempos como príncipe de Asturias. Por su causa sus súbditos americanos (particularmente en el Reino de Guatemala) entregaron sus fortunas y arruinaron sus economías.
Retrato de don Fernando de Borbón (futuro rey don Fernando VI) en sus tiempos como príncipe de Asturias. Por su causa sus súbditos americanos (particularmente en el Reino de Guatemala) entregaron sus fortunas y arruinaron sus economías.
Situación política, social y económica del Reino de Guatemala, anterior a la independencia.
Provincias, gobernaciones e intendencias que conformaban el Reino de Guatemala al momento de la independencia en 1821.
En la década que siguió
a estos hechos, la situación política, económica y social del Reino de
Guatemala siguió dando traspiés; de acuerdo a quiénes fueran dirigiendo los
destinos desde la Jefatura Política
Superior — el órgano constitucional que sustituyó a la antigua Real
Audiencia en 1812— hasta llegado el año 1820.
Como se mencionó
anteriormente, fue otorgada la amnistía
general a todos los responsables en la organización de las diputaciones provinciales que fueron
enviadas a Cádiz, así como los levantamientos
en León y San Salvador.
También se les otorgó la libertad a quienes formaron
parte de la conspiración en el convento betlemita
de la capital del reino durante esos años.
El nuevo ambiente de
libertad política creó espacios de
expresión en los periódicos ya mencionados que reflejaban las dos posiciones ideológicas producto de los
dimes y diretes de la política interior de España.
Los constitucionalistas —germen del republicanismo en Guatemala— manifestaban
inclinaciones hacia la independencia política frente a la metrópoli; y se les describían
en algunas publicaciones como «fiebres»
y «cacos», por sus actitudes extremistas
e indecentes, propias de las mentes mezquinas y perturbadas.
Entre ellos se
encontraban algunos miembros de las ramas «venidas a menos» en las familias
principales, incluyendo a intelectuales y burócratas de mediano rango de los
estratos medios de la sociedad.
Su contrapunto lo
definían los realistas —o
partidarios del antiguo régimen hispánico—, que estaba concertados por la mayor
parte de miembros de las llamadas «familias
de sangre», principalmente latifundistas y grandes comerciantes peninsulares.
Por el trato soberbio y
jactancioso que daban a los demás, así como sus vínculos directos con el
gobierno colonial también fueron apodados como «gases» y/o «serviles».
Se les tachaba también por
sus extravagancias y vicios, defectos propios de los aficionados a los brebajes
espirituosos, por lo que recibieron el apodo de «bacos» o «borrachos».
En las páginas de sus
respectivos periódicos, los columnistas cacos
y bacos seguían febrilmente la línea
editorial de sus dueños.
El espíritu ilustrado y de critica estaba muy presente en las
publicaciones; por lo que se trataron diversidad
de temas de carácter educativo, científico, artístico y literario.
Pero las polémicas ideológicas
trascendieron el ámbito académico de los mismos hasta centrar las discusiones en
torno a la situación económica.
Mapa topográfico del grabador José Casildo España, donde se muestra la traza urbana de la Nueva Guatemala de la Asunción (lo que hoy ocupan las zonas 1, 2 y 6 capitalinas) a mediados de 1821. Se muestran accidentes geográficos, las haciendas y distintos puntos de referencia aun existentes hoy en día.
Vista de la plaza mayor, en 1827, desde el cruce de la calle de Mercaderes (8ª. Calle Poniente) y calle Real (6ª. Avenida Sur) hacia la iglesia catedral (sin sus campanarios ni remate central). El centro del espacio lo ocupaba el monumento a don Carlos III (hoy en la plazuela España). La plaza tuvo función tanto de mercado como de área de ejercicios militares.
Desde la tribuna del Editor
Constitucional se abogaba por el libre
e irrestricto comercio que pudiera dar salida a los productos agropecuarios del reino, a cambio de manufacturas extranjeras que normalmente entraban con bajos costos.
Contrario a esta postura,
El
Amigo de la Patria que instaba por el restablecimiento de ciertos controles al comercio ultramarino.
Su argumento principal
era que, en tiempos de la guerra contra Bonaparte, la entrada irrestricta de productos británicos —principalmente telas
inglesas— habían desplomado los precios
de las manufacturas locales; haciendo quebrar
numerosos obrajes o talleres artesanales dedicados a dichos géneros de la incipiente
industria textil.
La evidente tendencia al
proteccionismo del bando «servil»
logró ganar —de acuerdo a algunos escritores posteriores[6]—
el favor de las gentes de castas o
sectores populares.
Por medio de las buenas relaciones públicas con la
jefatura política y el cabildo eclesiástico, el ensalzamiento a los gremios de artesanos, así como las dádivas
—en monetario— a las «gentes ordinarias
y miserables».
Los resultados de las primeras
elecciones de ayuntamientos constitucionales de 1813 y en 1821 rindieron
fruto a la causa realista.
Se puede hablar que
estas votaciones fueron las primeras de
forma democrática[7]
en el istmo Centroamérica.
Gran parte del éxito se debió
a que, por ser tiempos del Capt. Gral. José de Bustamante, los principales
responsables de las ideas constitucionalistas o «fiebres» fueron perseguidos y encarcelados por sus vínculos en las
revueltas en Nicaragua y San Salvador.
El trienio liberal y su relación con la causa
independentista.
Ese mismo año, cuando se
restituyó la Constitución de Cádiz,
los delegados de las colonias americanas en las Cortes Generales, en lugar de
obtener un número de diputaciones según el número de habitantes en los reinos; se
les asignó solamente treinta escaños, es decir la mitad de los reservados casi una década atrás.
El desaire final del
parlamentarismo español hacia los americanos se dio finalmente cuando la delegación guatemalteca no se le
permitió exponer sus proyectos ni se le admitió protesta alguna.
Siendo una de las pocas
provincias que, en 1820, aún era fieles
a la Monárquica, los delegados guatemalenses remitieron a sus diputaciones provinciales
que reconsideraran la opción por la independencia.
El desprecio y la indolencia de los peninsulares hacia sus pares indianos fue la semilla directa de la emancipación del
Reino de Guatemala[8].
Ecos de luchas exteriores.
Mientras llegaba a su
fin la lealtad guatemalense hacia España, en otras partes de la América
española, el orden tradicional que
por casi tres siglos rigió la vida
de los indianos; iniciaba su proceso de casi completa aniquilación durante las guerras que se desarrollaban en
otras latitudes del continente.
Dados estos hechos, las
autoridades de todas las ciudades importantes en el Reino de Guatemala se pusieron en alerta y ocultaron —hasta
donde les fue posible— la difusión
de las sangrientas batallas que se desarrollaban tanto en la Nueva España como
en casi toda la América meridional[9].
Entre tanto se llevaba a
cabo esta labor de censura, muchos de los ahora llamados «patriotas» —antiguos partidarios del constitucionalismo
monárquico— accionaron desde las provincias exteriores, como Chiapas.
Su objetivo era buscar la
manera de ponerse en contacto con las
fuerzas insurgentes de Morelos que operaban cerca del límite occidental del
Reino de Guatemala.
Otro hecho verificado,
también en enero de 1821, fue la renuncia del jefe político superior don Carlos
de Urrutia al designar como su reemplazo
al brigadier y subinspector general de Reales Milicias, don Gabino Gainza[10]. Gainza era veterano de la causa realista en el lejano Reino de Chile.
De acuerdo a los sucesos
ocurridos en el virreinato novohispano[11]
llegaron a la Nueva Guatemala noticias, precisamente de la cabecera provincial
de Ciudad Real de Chiapas, sobre el llamado plan de Iguala.
Dicho proyecto político fue
impulsado por el brigadier don Agustín de Iturbide, antiguo militar realista
convertido en caudillo del «Ejercito
Trigarante».
Este proyecto de
independencia garantizaba la
preservación del status quo social,
político y jurídico establecido durante el antiguo régimen hispánico; con
lo que rápidamente ganó simpatizantes entre los exconstitucionalistas
guatemalenses.
Por consiguiente, estos personajes procedieron a estrechar
relación con el nuevo jefe político Gainza y conducirlo a la causa emancipadora.
Pintura alegórica de Rafael Beltranena (c.1921) del paseo en la plaza mayor, frente al palacio de la Real Audiencia (luego palacio del Supremo Gobierno). En este edificio se firmó el acta de independencia de 1821.
El Reino de Guatemala llega a su fin.
Con el «Plan Pacífico de Independencia», que
resumía los datos esenciales del designio mexicano, se procedió a ofrecerle el
mando del nuevo gobierno a Gainza.
Para el día 14 de septiembre
se conoció de la ratificación al
proyecto iturbidista por parte la provincia de Ciudad Real de Chiapas.
Este anuncio suscitó de
forma inmediata a la convocatoria para
una Junta General programada al día siguiente, donde participaron tanto las
autoridades constitucionales como del Ayuntamiento; así como los delegados de las
diputaciones provinciales presentes en la ciudad capital.
Se invitó a las demás
autoridades tanto del clero secular como regular, que incluían delegados de la
Pontificia Universidad Carolina y demás colegios mayores para asistir al acto
convocado.
A sabiendas —tanto de lo
peligroso[12]
como lo impráctico— de pregonar abiertamente la independencia sin convocar una Asamblea
Nacional Constituyente, se procedió a dejar en claro el carácter transitorio de la sesión del 15 de septiembre.
Solo una constituyente con
representantes popularmente electos
en todas las provincias del Reino, tenía
las facultades legales para definir el carácter del nuevo gobierno y su respectiva
ley fundamental.
Pintura alegórica de Luis Vergara Ahumada, retratando la reunión de los cuerpos dirigente del antiguo Reino de Guatemala ratificando la separación de la colonia frente a la metrópoli peninsular.
Pintura alegórica de Luis Vergara Ahumada, retratando la reunión de los cuerpos dirigente del antiguo Reino de Guatemala ratificando la separación de la colonia frente a la metrópoli peninsular.
En el acta redactaba
para el caso, justificaba la convocatoria a dicha reunión razonando tanto la agitación
general vecinos y residentes de la Nueva Guatemala de la Asunción; aunque bajo las
presiones externas, en clara alusión a los eventos ocurridos a principios de
febrero en el nuevo Imperio Mexicano.
El temor de las élites a que las masas se salieran de control
provocando una revolución popular —como la de Hidalgo y Morelos—, se procedió a
traspasar legalmente la soberanía de Cortes españolas a la nueva Junta Provisional Consultiva.
Este órgano
administrativo sería presidido por el antiguo representante de gobierno español
quién, entre otros temas, instaba a los miembros del clero regular de abstenerse a realizar comentarios perjudiciales
a la política interior del nuevo gobierno.
En la misma también se transfirió
las atribuciones militares de la
antigua Capitanía General al Ayuntamiento de Guatemala.
En espera del primer Congreso
Legislativo Provincial, seis meses a partir de la firma del documento aquí
descrito[13],
se convocó en consecuencia a la elección de los diputados respectivos.
Tomado el primer punto
del plan de Iguala, la posición de la religión católica se mantendría intacta,
dado el carácter consuetudinario de
su naturaleza moralista.
No obstante, por la
cantidad de partidarios a la anexión al nuevo imperio, este punto servía como
punta de lanza para alcanzar sus objetivos.
Por último, a manera de conclusión,
por parte del Jefe Político Superior se dirigió un «bando» —o anuncio público—
con dedicatoria a los realistas de inhibirse
ante cualquier pronunciamiento contrario al nuevo régimen; bajo la pena de
sufrir persecución y pena capital por el delito de conspiración, lo que
eventualmente ocurrió.
Reacciones inmediatas a la emancipación provisional.
Después de la firma y
los festejos respectivos, el ambiente político se transformó casi de inmediato,
produciéndose una completa reestructuración
tanto de forma como de fondo.
La facción afín al
constitucionalismo se dividió en dos
bandos opositores.
Por un lado, los «imperiales» que eran principalmente
miembros de las familias notables que recibieron en sus filas a los «moderados» o exrealistas y los «republicanos», o grupos de
intelectuales concentrados alrededor de la línea editorial del periódico El Genio de la Patria[14].
Sin los recursos
económicos, ni la influencia social y política de la facción imperial, los republicanos abogaban por un
sistema federal, inspirado en modelo de los «Estados Unidos del Norte».
La idea de su adopción, un tanto audaz, era que la nueva situación política permitiera la autonomía provincial de frente a la Nueva Guatemala de la Asunción.
Dado el enorme respaldo
que la facción imperial obtuvo del nuevo gobierno, la mayoría de ayuntamientos, élites económicas y del clero, la
balanza se inclinó hacia la anexión con el vecino del Norte.
Pero mientras estos incidentes
ocurrían, las pasiones y resentimientos contenidos durante mucho tiempo se
desbordaron finalmente en abierta convulsión social.
Debido a múltiples
factores como la rivalidad económica y política entre ciudades provinciales y el
recelo general hacia la capital del
antiguo Reino de Guatemala; todos aquellos que apoyaban el proyecto de
autonomías provinciales deseaban —a como diera lugar—, neutralizar el predominio
de «la Corte[15]» frente a las demás urbes del antiguo
reino.
La anexión al imperio de Iturbide.
La tensión
interprovincial se mantuvo hasta la declaración de unión a México.
A recibirse un oficio
enviado por el emperador don Agustín I a la Junta Provisional, se notificó el
envío de un ejército expedicionario hacía
en istmo guatemalense, con el objetivo de proteger a los partidarios de la unión.
Con este acto, a autoridad imperial mexicana "invitaba" a las
autoridades guatemaltenses para ratificar tanto el plan de Iguala como el tratado de Córdoba[16].
Para ese entonces, tanto
el cabildo de Ciudad Real de Chiapas
como el de la villa de Quezaltenango
se habían unido, tanto de facto como de iure a México.
Por tal razón, se convocó
rápidamente a una consulta a los demás
ayuntamientos del antiguo Reino para aprobar o rechazar el respaldo a la anexión.
De las 241
municipalidades existentes en Centroamérica, prácticamente el 61% de los mismos se pronunció a favor de la causa imperial,
casi un 9% esperaba la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y el
29.5% no logró enviar sus respuestas a tiempo.
Solo dos cabildos se opusieron de forma
tajante a la anexión: las ciudades de San
Salvador y San Vicente.
Este hecho fue suficiente
para encender los ánimos en toda la provincia de San Salvador; puesto que en la
mayor parte de villas y ciudades[17]
sus habitantes se convirtieron en partidarios
absolutos de la independencia y de un régimen republicano.
Primeras acciones armadas en el istmo y la declaración formal de independencia.
En el caso
sansalvadoreño, fueron las élites económicamente pudientes, quienes instaron a
la población a armarse contra cualquier
intento de invasión.
Su comandante en jefe
fue Manuel José Arce y Fagoaga, uno de los líderes de la revuelta en San Salvador en 1811, quién junto al presbítero José Matías Delgado y de León deseaban
separar tanto política como eclesiásticamente la provincia de San Salvador de Guatemala.
El fracaso de la primera
expedición imperial desde Guatemala, en junio de 1822, obligó a que el nuevo jefe
de la diputación imperial —una vez disuelta la Junta Provisional—, Vicente
Filísola marchara contra los sansalvadoreños.
Tras algunas acciones
donde logró neutralizar los esfuerzos de los patriotas sansalvadoreños, en
febrero de 1823 prosiguió su camino hacia Nicaragua donde también existían tentativas
de insurrección generalizada.
Estando cerca de la
ciudad de Granada se le notificó al militar mexicano que en la lejana «ciudad de los Palacios» la monarquía
mexicana fue disuelta por un golpe de Estado en marzo de 1823.
Con esta nueva situación
de incertidumbre política y legal Filísola, ya de regreso en «la Corte» convocó
finalmente la Asamblea Nacional
Constituyente, conforme lo estipulado en el acta del día 15 de septiembre
de 1821.
Se citó a los
representantes provinciales en la ciudad de la Nueva Guatemala para junio de
1823, permaneciendo en ella por el espacio de dos años.
Finalmente quedan
cerradas las sesiones en enero de 1825, al decretar finalmente la declaración de Independencia absoluta
del antiguo Reino de Guatemala respecto a España, México y cualquier otra
nación que aspirara a dominarla.
Este decreto se llevó a
cabo el primer día de julio de 1823.
En estos meses tomó
forma la nueva nación bajo el nombre de Provincias
Unidas del Centro de América, cuyo sistema de gobierno se definió bajo la
forma federal —deseado por los republicanos
que pasaron a denominarse «liberales[18]» y varios diputados— que, sin serlo,
eran fuertemente autonomistas.
La alternativa a un sistema unitario o centralista era promovida
por la facción moderada.
Este último grupo, abrazó
a muchos eximperiales, empezó a definir a sí mismo como conservadores[19].
No obstante, a su mayoría
numérica en la Asamblea, los conservadores no lograron llegar al consenso deseado con otros delegados
provinciales.
El pacto federal y el choque con la realidad.
División administrativa de la Provincias Unidas del Centro de América, después de la Asamblea Nacional Constituyente de 1824.
El resultado del nuevo
sistema fue un complicado y oneroso
mecanismo de elección anual tanto de la asamblea federal, como de las
asambleas estatales[20].
El objetivo del mismo buscaba restarles influencia y decisión política y económica a las élites de «la Corte».
En virtud a este último
punto, se concibió un organismo
ejecutivo débil que pudiera ser controlado
por la diputación federal; que simultáneamente dejara las puertas abiertas
para crear nuevas provincias o estados,
pensando en el caso particular de Soconusco y Chiapas.
Cabe mencionar que la
antigua provincia de Ciudad Real de Chiapas, si bien se pronunció a favor de la
unión al imperio mexicano al momento de disolverse el gobierno imperial.
La
presencia de tropas mexicanas acantonadas en la capital provincial, impidió a
su ayuntamiento realizar el plebiscito a mediados de 1824.
De tal manera que, sin
plena libertad, los chiapanecos pasaron de
facto a formar parte de México; puesto que sus principales ciudades fueron
ocupadas por el ejército de Filísola, al nomás dejar tierras centroamericanas.
Solamente Soconusco se pronunció a favor de las Provincias
Unidas, pero la disputa con México creó un limbo político que no pudo definirse
por la vía diplomática hasta 1842, cuando fue militarmente ocupado por las
tropas mexicanas.
El surgimiento de la
federación centroamericana estuvo plagado de obstáculos, que involucraban regionalismos muy arraigados, de inexperiencia en el manejo de la cosa pública,
de la imposibilidad de superar la
depresión económica que aún no se resolvía de tiempo atrás.
Finalmente, el auge de los líderes militares o «caudillos» que —al mando de huestes improvisadas
en las peonias de cada nuevo estado— fueron el caldo de cultivo para la futura desintegración y caos político.
Primeras elecciones y primeros ensayos de autogobierno pleno.
Las diferencias más
tangibles en las nuevas autoridades tuvieron como punto de partida los resultados
fraudulentos de las primeras elecciones presidenciales del año 1825.
En estos comicios
compitieron dos personajes relevantes de la nueva política centroamericana: el
caudillo militar sansalvadoreño Manuel José
Arce, postulado por el partido
liberal contra el veterano funcionario real, diputado imperial y redactor
del acta de 1821, José Cecilio Díaz del
Valle quien recibió el respaldado del partido
conservador.
Los candidatos de las primeras elecciones presidenciales en Centroamérica. La facción radical (o liberal) respaldo al Gral. Arce y Fagoaga mientras que la moderada (o conservadora) apoyó al «sabio» del Valle.
Si bien, el conteo de votos le dio la victoria al «sabio del Valle», el mecanismo empelado por los liberales le otorgó a Arce la presidencia de la República.
Sin embargo, el presidente Arce prontamente se vio
abandonado en su puesto ya que no pudo configurar su gabinete con personas de
su partido político.
Paradójicamente ninguno de sus partidarios quiso dejar el
puesto al que estaba designado de antemano.
Por esa razón Arce tuvo que recurrir a personalidades conservadoras,
circunstancia que provocó resentimientos de toda la facción liberal.
El desorden e improvisación cundían en la administración pública,
tanto que las autoridades federales,
como en las encargadas del Estado de
Guatemala; dado que, por falta de infraestructura, tuvieron que compartir
instalaciones para sus respectivas oficinas y actos particulares.
A razón de estos
inconvenientes la oficina presidencial tuvo choques directos con el organismo
ejecutivo local cuando José Francisco
Barrundia y Zepeda, líder del grupo más extremista del liberalismo, asume
el cargo de Jefe de Estado.
Tanto el Jefe de Estado Barrundia como su principal aliado, el médico y propietario de El Genio de la Libertad , Pedro Molina Mazariegos, fueron de los intelectuales mas exaltados y radicales del liberalismo; empujando con su consignas la opinión publica de sus partidarios. Ellos fueron la manzana de la discordia política en los albores de la República Federal.
Tanto el Jefe de Estado Barrundia como su principal aliado, el médico y propietario de El Genio de la Libertad , Pedro Molina Mazariegos, fueron de los intelectuales mas exaltados y radicales del liberalismo; empujando con su consignas la opinión publica de sus partidarios. Ellos fueron la manzana de la discordia política en los albores de la República Federal.
Fueron tantos los conflictos
entre ambos personajes —donde la intransigencia relucía su peor postura— que el
presidente federal finalmente mandó encarcelar al jefe de Estado guatemalteco.
Otro gran problema para
el gobierno de Arce fue su antiguo aliado el presbítero Matías Delgado, quien,
contraviniendo toda regulación territorial del arquidiócesis, creó unilateralmente el obispado de San
Salvador, sin ser reconocido siquiera por el sumo pontífice en Roma.
La revolución centroamericana de 1827 a 1829.
Las pugnas entre el
gobierno federal y el Estado de Guatemala —señal
inequívoca de un crecimiento repentino y exponencial de la burocracia—, luego
del encarcelamiento de Barrundia, quedaron selladas cuando ambas cámaras en la Asamblea Nacional, el Congreso y el Senado,
quedaron disueltas en apoyo hacia su correligionario liberal.
Esta resolución fue poco
favorable para la ya endeble
institucionalidad. Obligado por las circunstancias, Arce asumió poderes dictatoriales convocando a un
congreso provisional en Cojutepeque, pequeña villa en el corazón del Estado salvadoreño[21].
A partir de este momento
tanto los gobiernos estatales de El Salvador y Honduras consideraron las
actividades de Arce contrarias a la ley,
por lo que optaron por enfrentarse militarmente
al gobierno federal.
La primera guerra civil
se desarrolló en diversas acciones bélicas, tanto dentro de territorio
guatemalteco —en la hacienda de Arrazola, cercana a la capital— como en El
Salvador —Milingo, Mejicanos y hacienda del Gualcho— desde 1827 hasta 1829.
En la misma época en
que, luego de ser derrotado en San Salvador, el presidente Arce marchó de
regreso a la capital federal para presentar su renuncia; un joven escribano de
origen hondureño llamado Francisco Morazán y Quezada—quien abrazó con ardor la causa liberal— dio inicio su meteórica carrera política y militar como
figura predominante en la escena política centroamericana.
El caudillo comayagüelense y uno de sus principales colaboradores, el guatemaleco Antonio Rivera Cabezas, procer de la independencia.
El caudillo comayagüelense y uno de sus principales colaboradores, el guatemaleco Antonio Rivera Cabezas, procer de la independencia.
Morazán cobró tremenda
notoriedad luego de derrotar militarmente al jefe el ejército federal expedicionario
Justo Milla en acción de La Trinidad.
Luego de una rápida campaña en Nicaragua
y El Salvador, emprende la marcha directa hacia la ciudad de Guatemala junto
con sus milicias salvadoreñas y hondureñas.
Después de un prolongado
asedio militar emprendido contra «La
Corte» —cuyas rutas de abastecimiento de agua y alimentos fueron cortadas—,
Morazán condujo al liberalismo más
extremista al poder político.
Tras varios días de
combates en las calles, donde los invasores cometiendo toda clase de excesos —al
más genuino espíritu jacobino— contra la vida, la libertad y la propiedad
de los vecinos.
Este fenómeno, propio de
los tiempos antiguos, fue dirigido principalmente contra los dirigentes del partido conservador que, tras varios actos de
atropello, Morazán instauró la supremacía política de la facción política más radical
de la República.
Aunque es justo
reconocer que las arbitrariedades contra
los enemigos políticos empezaron en época del jefe de Estado, el
conservador Mariano de Aycinena y Piñol; la incursión morazanista del «Ejercito Protector de la Ley» en Guatemala,
marcó la despiadada ruta del autoritarismo centralista que condujo los destinos
en esta región por casi un siglo.
Retrato de Mariano de Aycinena y Piñol, jefe de Estado depuesto por el caudillo Morazán al final de la guerra civil en 1829. Marchó junto con varios partidarios al exilio al exilio en los Estados Unidos.
El primer régimen liberal en Guatemala (1829-1838)
Destituidos del mando y
exiliados del territorio federal, tanto los jefes de las familias principales así
con el alto clero, pagaron caro el apoyo que prestaron al presidente Arce en su
camino hacia la consolidación del pacto federal.
Los liberales
expropiaron tanto el patrimonio inmueble
como demás bienes tanto de las «familias
de sangre» como del arzobispado y las órdenes religiosas; cuyos miembros fueron
exclaustrados y en su mayor parte expulsados de Guatemala.
Peor suerte corrió el
arzobispo Ramón Casaus y Torres, uno
de los miembros de la junta extraordinaria del 15 de septiembre de 1821, quien
tuvo que huir a Cuba para salvar su vida, luego de una infructuosa captura en altas
horas de la noche.
Con este acto, la organización
de la iglesia católica en Guatemala
quedó prácticamente extinguida de Guatemala entre 1829 y 1830.
A partir de ese momento
las actividades de Morazán, ya como nuevo presidente federal desde 1830, se concentraron
en pacificar el territorio centroamericano, enfrentando dos intentos de invasión
por parte de los partidarios del Gral. Arce desde Soconusco.
El expresidente de la República
también recibió apoyo de una columna aprovisionada por los españoles de la Capitanía
General de Cuba; intentando abrirse camino —sin éxito— desde San Fernando de Omoa,
en el Caribe hondureño, hasta la ciudad capital.
Cuatro años después, en
1834, Morazán disputó la silla presidencial contra su envejecido compatriota José
Cecilio del Valle, quién a pesar de ser el ganador, no pudo asumir el mando dado
que murió antes de confirmar los resultados de la elección.
Al año siguiente, se
formalizó nuevamente en el mando el caudillo Morazán quien —para mayor escarnio
y desgracia de los «chapines[22]»—, trasladó el distrito federal hacia
la ciudad de San Salvador, llevándose gran
parte del archivo colonial y el reloj mecánico del antiguo Palacio, que con
el tiempo se perdieron.
El presidente Morazán
apoyó como nuevo jefe de Estado guatemalteco a Mariano Gálvez, quien fue electo en 1831. Este personaje —aunque de
origen humilde, pero con preclaros alcances intelectuales— llevó a cabo un ambicioso
programa de modernización en toda su
magnitud para el principal sostén económico y fiscal de la Federación.
Las decisiones, bien intencionadas pero sin mayor reflexión, del jefe de Estado de Guatemala entre 1830 y 1838, demostraron hasta que punto las convicciones ideológicas pueden desbordar las pasiones humanas.
A causa de la liberalización del comercio externo, se
enajenó enemistades tanto de los comerciantes
mejor posicionados como de los gremios
de artesanos, quienes veían afectados sus intereses monopólicos.
Con la neutralización
del poder político y económico de la Iglesia también se abolieron los últimos
privilegios que le quedaban a la institución eclesial; como los diezmos, las prerrogativas ancestrales en la educación en todos los ramos —desde
las primeras letras hasta la Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala—.
Esta última fue
clausurada en 1829 para dar paso a la Academia
de Estudios en 1834. En esta última cuestión, todo contenido
religioso alusivo a los cursos preparatorios quedo cercenado.
Al imponer el laicismo
secular desapareció la tradición
educativa indiana, así como varios avances de naturaleza iluminista del
medio siglo precedente; dado que quienes ejercían la docencia universitaria, es
decir miembros del clero secular y regular, marcharon al exilio.
Otra de las medidas controversiales
del nuevo régimen fue la implementación
del matrimonio civil y el divorcio.
Estas normas jurídicas fueron calificadas como «ley de chuchos» debido a su abierto desafío a la indisolubilidad
del sacramento matrimonial.
Por aquellos días existía
la creencia que relacionaba los enterramientos
dentro de las iglesias con la difusión de las pestes endémicas, por lo que se decretó la creación de
cementerios fuera de las catacumbas y evitar, aparentemente su propagación.
Esta medida sirvió como chivo expiatorio para que los
religiosos en los departamentos[23]
del interior la interpretaran como el motivo principal de la aparición del cholera morbus en 1836.
En su ignorancia, los
sacerdotes rurales interpretaron la enfermedad como un castigo divino hacia el gobierno de Gálvez; pues la administración estatal
continuaba con política de proscripción religiosa y marginación del clero secular
y sus prácticas ancestrales.
La intransigencia ideológica
—tanto de Gálvez, pero en particular de Barrundia— se mostró al abolir prácticamente
todo el régimen de alcabalas al comercio de todas sus formas[24].
Sin estimar previamente
las contingencias inmediatas, la situación de estrechez del erario público;
llegó a niveles alarmantes para el buen funcionamiento tanto del gobierno
federal como estatal.
Para contrarrestar el
inconveniente fiscal se decretó una mediada sumamente impopular: el impuesto personal anual o de capitación.
Dicha regulación fiscal
se implementó en 1831, tenía las mismas características que el antiguo tributo colonial[25],
abolido en 1812 por las Cortes de Cádiz.
La diferencia sustancial entre uno y
otro era que el nuevo impuesto era pagado por todos habitantes de sexo masculino, económicamente activos, del
Estado de Guatemala.
Otro agravante de la
situación política fue el polémico proyecto
de colonización extranjera en prácticamente la mitad Norte del Estado. Este
plan de asentamiento fue otorgado a Charles Meany y Marshall Bennett —ambos ciudadanos
británicos—.
La concesión otorgada buscaba
atraer a inmigrantes europeos calificados pues tenía como fin último parcelar las
tierras comunales de los departamentos de Totonicapán, Verapaz y Chiquimula[26]
.
La presencia de «herejes ingleses» despertó una feroz
oposición en el clero rural, por el temor ancestral hacia los protestantes
británicos.
Sea por ignorancia o por
genuina convicción, una creciente
xenofobia se adoptó sin reservas entre la población del medio rural.
En el ámbito de la aplicación
de la justicia, tanto Gálvez como Barrundia impulsaron la adopción del código civil de Luisiana, conocido
localmente como «Códigos de Livingston».
Este sistema intentó
instalaban dentro de las audiencias la
figura desconocida del jurado.
Más allá de las buenas
intenciones, la realidad era que en Guatemala —país casi por completo analfabeta y con tradición cultural y jurídica distinta a la anglosajona— una norma de
tal naturaleza requería de una ciudadanía
con un mínimo de formación y consciencia individual.
Por esa razón, la medida
jurídica adoptada, aunque éticamente elevada, resultó ser un rotundo fracaso.
Al igual que los códigos
livingstonianos, el fomento a la construcción de obras civiles —como cárceles
con celdas separadas, por ejemplo— tampoco tuvo los resultados deseado.
En lugar de valerse por
medio de la persuasión, el gobierno impuso trabajos
forzados a todo aquel que no pudiera
pagar el impuesto de capitación, donde incluso sus bienes de trabajo eran
afectos de a la expropiación.
Todos estos hechos en su
conjunto —alguno sin ser malintencionados— propiciaron el descontento político y
social en el Oriente guatemalteco pocos
años después.
En esta región —con una
marcada herencia cultural mestiza—
las comunidades se componían de agricultores
y ganaderos minifundistas.
Por razones que luego se
expondrán, estos pequeños propietarios
de tierra, en connivencia con sus curas
doctrineros, se levantaron en armas contra el Estado de Guatemala hacia
1837, dando lugar al primer levantamiento
popular exitoso de nuestra historia.
Referencias
Montúfar y Coronado, Manuel. Memorias para la historia de
la revolucion de Centro America. Memorias de Jalapa. 4ª. Ed. Cd. de
Guatemala, Guatemala: Sanchéz & de Guise, 1934.
Polo Sifontes , Francis. Historia de Guatemala. 3ª.
Ed. Cd. de Guatemala, Guatemala: CENALTEX. Ministerio de Educación, 1993.
Salazár, Ramón A. Historia de Veintiun años. La
independencia de Guatemala. s.n. ciudad de Guatemala, Guatemala: Tipografia
Nacional de Guatemala, 1904.
Samayoa, José Eulalio. Notas, recuerdos y memorias.
1ª. Ed. Editado por Jorge Luján Muñoz. Vol. Pub. Especial n°. 46. Cd. de
Guatemala, Guatª.: Académia de Geografía e Historia de Guatemala, 2010.
Woodward Jr., Ralph Lee. Rafael Carrera y la creación de
la República de Guatemala, 1821-1871. 2ª. Ed. Traducido por Jorge
Skinner-Klee. ciudad de Guatemala, Guatemala: Biblioteca Básica de Historia de
Guatemala. Serviprensa Centroamericana, 2011.
[1] O la
«regencia» como también se le llamaba en la documentación de la época.
[2] Este era
un apodo que los provinciales del antiguo Reino le daban a la Nueva Guatemala
de la Asunción.
[3] En su día
este cuerpo colegiado se le llamaba «Consistorio» o «Ayuntamiento» como también se le llamó. Fue el germen del actual
concejo municipal en nuestra legislación.
[4] La
producción de este tinte se daba principalmente en la provincia de Guatemala,
que incluía en aquellos días a la del partido de Soconusco y como la intendencia
de San Salvador.
[5] Mayor información véase en Salazár, R.A. (1904), «Historia de Veintiun años.» […], págs. 113-116.
[6] Véase la obra de Manuel de Montúfar y Coronado (1791-1844)
«Memorias de Jalapa para la historia de la revolución de
Centroamérica».
[7] El sistema de elección democrático de aquellos días
se sustentaba en el sufragio censitario, es decir, el ciudadano apto para votar
seria todo el varón que alcanzara la mayoría de edad y que tuviera bienes e
rentas conocidos. El sufragio universal de la actualidad se implementó mucho
tiempo después.
[11] Que ocurrieron al mismo tiempo en que se designaba
a Gainza el mando de la Jefatura Política Superior del Reino de
Guatemala.
[12] Muchos
testigos de los hechos, vueltos cronistas
a posteriori dejaron claro que la agitación política en los últimos años de
la colonia no podía dejarse en manos de las masas; conociendo el efecto —de
primera mano— que provocó el caos dejado a su paso por las insurrecciones
populares de Miguel Hidalgo y José María Morelos.
[13] Con fecha
del 1º. de marzo de 1822.
[14] Nombre
que tomo el antiguo Editor Constitucional.
[15] Adjetivo con el que se describió por mucho
tiempo, a nivel regional, a la ciudad de Guatemala.
[16] Extensión del plan de Iguala, donde se
constituía la nueva monarquía mexicana, en consecuencia, el acta de
independencia de México.
[17] Con excepción de Santa Ana y San Miguel.
[18] Los «radicales»,
«fiebres» o «exaltados». Estos individuos abrazaron principalmente las ideas
políticas y sociales de la Francia revolucionaria.
[19] Sus opuestos continuaron llamándolos «serviles y bacos», en alusión a Baco,
dios romano de la vendimia, las festividades y los excesos. En su mayor parte
deseaban preservar hasta donde fuera posible el orden social del régimen
colonial pero también se vieron influidos, políticamente, por los sistemas
británico y americano.
[20] Tras la
adopción de la Constitución Federal de 1824, las provincias se convirtieron en
estados dentro de marco político de la República Federal de Centroamérica.
[21] Parte de
los profundos cambios llevado a cabo fue la secularización de gran parte de la
toponimia importante en la nueva República. La provincia de San Salvador pasó a
llamarse simplemente El Salvador.
[22] Por
aquellos días, el adjetivo «chapín» era de uso exclusivo de la gente de
provincia hacia los vecinos de la ciudad de Guatemala.
[26] En aquellos tiempos los departamentos
aquí descritos, abarcaban desde los actuales Huehuetenango hasta Izabal,
incluyendo el Petén.
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