Fin del pacto federal, la rebelión de la montaña y el caso del sexto Estado

La rebelión de «la Montaña».

Panorámica de la Nueva Guatemala de la Asunción hacia 1830, desde la colina de Buenavista en la entrada por el Sur. A la izquierda se aprecia el camino real de la Libertad, renombrado desde 1929 como Avenida de Simón Bolívar. 

En 1835, en pleno periodo de gobierno del Dr. Gálvez, estalló una revuelta campesina en el Cercano Oriente guatemalteco. 

Por aquellos años, la zona montañosa que abarca desde la serranía de Canales, situada al Oriente de la ciudad capital de Guatemala hasta llegar a la región de Sonsonate se le conocía como Mita[1] o «La Montaña».

Originalmente esta región era parte del antiguo corregimiento de Chiquimula de la Sierra[2]; pero con el tiempo su parte más occidental quedó en jurisdicción del departamento de Guatemala.

El descontento general frente a las reformas liberales impuestas desde «la Corte» —especialmente las concernientes al terreno jurídico, religioso y fiscal—, enajenaron profundos rencores contra el gobierno galvista.

Dicho sea de paso, la gota que derramó el vaso resulto ser el pánico causado por el fallido intento de vacunación contra la epidemia de cholera morbus.

A raíz de los métodos de prevención sanitaria de la época, así como la rampante ignorancia popular en asuntos ajenos al medio cultural; la campaña preventiva se consideró de carácter nocivo desde el particular punto de vista de los curas rurales[3].

En el pueblo de Mataquesquintla tanto los minifundistas[4] como el cura parroquial convencieron al joven comerciante José Rafael Carrera Turcios —oriundo de la ciudad capital y yerno de un importante terrateniente local— para encabezar la facción rebelde que opondría resistencia contra las medidas decretadas por el gobierno estatal guatemalteco.

Grabado que ilustra al líder de la rebelión de la Montaña, José Rafael Carrera Turcios (1814-1865) hacia 1842. Junto con Arce, Morazán y otros Carrera perfiló el arquetipo de caudillo hispanoamericano a mediados del siglo XIX. Imagen encontrada en Arzú Irigoyen, Ordoñez Jonama & Prado Cobos. (2010), Escritos Politicos de Manuel Cobos Batres. Editorial Artemis Edinter, Guatemala, Guatemala, C.A.: pág. 314.

Las aspiraciones de estos grupos de ganaderos y agricultores eran claras: revertir las reformas liberales y revertir el ordenamiento general a las normas tradicionales que conocían; es decir al antiguo régimen hispánico.[5]  

Esta resolución no tiene nada de sorprendente sí se reflexiona en los siglos de prueba y error, así como el relativo orden y seguridad que el sistema indiano prodigó a las poblaciones de la antigua gobernación de Guatemala durante generaciones.

Esta realidad finalmente cobró notoriedad una vez quedaron impuestas las medidas más radicales del código de Livingston, como el sistema de jurados en las audiencias y los jueces ambulantes. 

Sin bien, la lectura de la iniciativa demuestra las buenas y elevadas intenciones de sus promotores, chocaba con la cruda realidad de atraso cultural en el país.

A todas luces, dicha iniciativa de ley se empeñaba en desarrollar todo un complejo experimento de ingeniería social, tal y como lo demuestra la documentación como los testimonios registrados; como que los ciudadanos analfabetos participaran como miembros deliberantes en los juicios penales.

Por antipatía de estas medidas, a partir de entonces y hasta finales de 1838, Carrera encabezó una guerra de guerrillas con sus huestes montadas contra los cuerpos de caballería y milicianos del Estado de Guatemala en gran parte del Oriente guatemalteco.

Difusión de la epidemia del cholera morbus y el alzamiento de la facción de «cachurecos» (1836-1838).  

Con el tiempo, el teatro de operaciones se extendió incluso a regiones tan alejadas como las Verapaces y diversas comarcas al este y sur de la ciudad de Guatemala.

También entabló encuentros contra las tropas federales en sus múltiples incursiones en territorio salvadoreño.

Después de diversos pactos efectuados con la facción liberal antigalvista, las fuerzas carreristas finalmente se apoderan de la capital a principios de febrero de 1838 —poco después de la renuncia de jefe de Estado Gálvez— la autoridad liberal galvista se vino abajo.

Carrera, con tan solo veinticinco años, es designado por la nueva administración del Estado como comandante militar del distrito de Mita, el mismo lugar de origen de la revuelta.

Nuevamente la Nueva Guatemala sufrió algún grado de violencia en contra de galvistas y extranjeros por parte de las milicias victoriosas[6], no llego a los excesos incurridos por los morazanistas nueve años antes.  

Ante la anarquía que reinaba en el Estado de Guatemala, el presidente de la República Gral. Francisco Morazán finalmente se puso en marcha para aplastar a los «cachurecos[7] de la Montaña»; reanudando el conflicto de los carreristas contra el orden establecido, solo que ahora frente al gobierno federal a principios de 1839.

Cabe mencionar que desde 1830, la capital federal estaba en la ciudad de San Salvador.

Croquis donde se ilustra el territorio que abarcaba el distrito federal de la República Federal de Centro-América. El traslado formal de la capital centroamericana se completó a partir de 1830.

Entre los campos, las aldeas y demás poblaciones mayores del Oriente guatemalteco se cometieron toda clase de atrocidades contra la población civil.

Sin importar sexo, edad, postura política o condición social, los civiles no-beligerantes fueron quienes llevaron la peor parte de la anarquía desatada por los combates las tropas federales como de los facciosos de Mita.

Por la conducta desenfrenada de sus milicias cachurecas, el nombre de Carrera cultivó la reputación generalizada de ser un salvaje y sanguinario caudillo montañés por el resto de su vida[8].

No obstante, sus constantes derrotas militares frente el ejército federal, conforme pasaba el tiempo Carrera —a pesar de sus orígenes humildes—, adquirió la suficiente experiencia militar y carisma e influencia entre las elites gobernantes y los pueblos para enfrentar los retos que sobrevendrían posteriormente.

Con los años, la inestabilidad del gobierno estatal de Guatemala, así como la inoperancia del pacto federal; condujo a los respectivos líderes de los Estados de Honduras y Nicaragua a pronunciarse contra el gobierno federal en San Salvador[9].

Con un nuevo intento por restituir las reformas liberales de parte de sus adversarios políticos, Carrera vuelve a ocupar la ciudad capital, rehabilitado en el puesto al antiguo Jefe de Estado, el político moderado Mariano Rivera Paz.

El Estado de Los Altos.

Aspecto que alguna vez tuvo la plaza central de la villa de Quezaltenango en 1821. Como todas las ciudades hispánicas, contó con cajones del mercado, la pila pública, el palacio del Corregidor, el portal de comercio y la casa consistorial del Ayuntamiento o Cabildo local. Al fondo se aprecia el iglesia parroquial del Espíritu Santo, hoy convertida en catedral de la arquidiósesis de Los Altos. 

Desde el siglo XVII, las élites del antiguo corregimiento de Quezaltenango situados en el flanco occidental del centro de poder tradicional, el Valle de Guatemala[10].

A pesar de sus ventajas geográficas y la relativa prosperidad que le ofrecía su masa demográfica; las aspiraciones de autonomía económica y política fueron denegadas por los gobiernos de «la Corte», independientemente de la corriente ideológica imperante.

Gran parte de la élite comercial quezalteca descendía de refugiados llegados de Santiago de Guatemala tras el terremoto de 1776.

Junto a sus familias, trasladaron a la ciudad altense sus haberes, caudales y el prestigio social y político del que gozaban; con lo que la categoría de la vetusta población, fundada en 1524, aumentó considerablemente.

En su momento, los grupos de poder quezaltecos se inclinaron como fervientes partidarios de la anexión a México; en su afán de separarse de la hegemonía de la ciudad capital.

Sin embargo, tras la caída de Iturbide en 1822, el ayuntamiento de la ciudad de Quezaltenango dio paso a la gestión de un nuevo estado separado de Guatemala; durante la Asamblea Nacional Constituyente y las primeras sesiones del Congreso Federal, entre 1823 y 1825.

A pesar de los esfuerzos y simpatías políticas, las negociaciones no prosperaron principalmente por la enérgica oposición de Mariano Gálvez. Como jefe de Estado no podía darse el lujo de perder el Occidente, el territorio más rico y poblado de Guatemala.

Cuando llegaron noticias del caos en que se sumió Guatemala a consecuencia de la revuelta de los cachurecos de Mita, los personajes quezaltecos más prominentes de la época —coaligados en el concejo municipal— aprovecharon rápidamente la ocasión para acordar la segregación formala de Guatemala a principios de 1838.

Las desavenencias contraídas con el gobierno del Estado radicalizaron a los quezaltecos, al punto que prestaron todo el apoyo de la corporación edil al principal rival político dentro de Mariano Gálvez: José Francisco Barrundia y Cepeda.

Este prócer de la independencia y furibundo periodista ejerció como jefe de Estado de Guatemala en los albores de guerra civil en 1827. También fue redactor e impulsor de las reformas más radicales que contenían el discutido código de Livingston, mismas que en su aplicación provocaron a la rebelión de la Montaña.  

A principios de junio de 1838 —por instancias de la Asamblea Estatal guatemalteca y en contra del veto del Jefe de Estado—, el Congreso federal en San Salvador ratificó la separación de Estado de Los Altos como unidad independiente de Guatemala.

Desde aquí se le conoció como el sexto Estado de la República Federal de Centro-América.

Croquis del área aproximada a la que aspiraba el sexto Estado de la federación centroamericana entre 1838-1842. La ilustración abarca los ocho departamentos actuales del Occidente guatemalteco (mas algunos municipios de Escuintla) mas el extremo oriental de el Estado mexicano de Chiapas.  

Este fue uno de los últimos actos del pacto federal, ya en la misma época se decretó que cada Estado se organizara de la manera más pertinente a sus intereses.

En diciembre de 1838 se organizó en la ciudad de Totonicapán la Asamblea Constituyente de Los Altos, presidida por el prócer nicaragüense Miguel Jerónimo de Larreynaga y Silva[11].

Durante los actos tomó posesión como primer presidente el ciudadano José Marcelo Molina y Mata, quien contaba con el apoyo del vencedor de la batalla de Omoa[12] en 1832, el general chiapaneco Agustín Guzmán López.

La sola existencia del sexto Estado federal se convirtió en el talón de Aquiles para el nuevo gobierno conservador en la ciudad de Guatemala debido a varias razones de peso.

Al perder prácticamente la región económicamente más prospera y prometedora, el gobierno de Guatemala resintió el hecho que Los Altos se convirtiera en un santuario para exiliados liberales (junto con el distrito federal en El Salvador).

En consecuencia, el gobierno de nuevo jefe de Estado, Rivera Paz y el nuevo comandante de armas de Mita, Rafael Carrera Turcios, fueron el blanco de ataques mediáticos tanto desde Quezaltenango como de San Salvador.

Los levantamientos de poblaciones indígenas en la región de Ixtahuacán[13] fueron duramente reprimidos por las tropas altenses entre 1838 y 1840.

El apoyo tácito por parte de los altenses hacia Morazán en su obstinada defensa al difunto pacto federal como Jefe del Estado de El Salvador y el aumento de tarifas de alcabala[14] a los productos guatemaltecos tuvo efectos contraproducentes.

Los incidentes antes mencionados dieron el pretexto político que el caudillo de la Montaña —con el visto bueno de los moderados y conservadores— para invadir principios de 1840 el Estado de Los Altos y reincorporarlo al Estado de Guatemala.

Con una campaña súbita y bien planificada, el ejército guatemalteco capturó la ciudad de Quezaltenango en menos de un mes, con lo que terminó el primer intento de separación de Occidente guatemalteco frente al poder central de «la Corte».

Durante la campaña contra el Estado Altense, el ejército morazanista a su vez invadió Guatemala desde el Oriente; pero antes de capturar por segunda ocasión la ciudad capital fue derrotado por Carrera en abril de 1840.

Con este episodio, se cierra el primer (1823-1825) y segundo (1831-1839) periodos de reformas liberales en Guatemala.

Con Rafael Carrera como figura caudillista en alianza con la coalición de moderados y conservadores en el poder, el ordenamiento jurídico liberal fue desmontados en su mayor parte entre 1839 y 1842.

La presencia británica en Guatemala.

Con la abdicación de los monarcas Borbones ante las presiones de emperador de los franceses en 1808, las colonias quedaron desvinculadas casi por completo de la metrópolis peninsular.

A raíz de este bloqueo económico al territorio controlado por Francia, el principal destino de bienes y productos indianos fue dirigido a las colonias británicas en el Caribe y a los Estados Unidos.

En su defecto, los comerciantes ingleses y americanos suplieron grandemente la oferta de manufacturas y cabotaje españoles hacia Guatemala, cuya vía de comunicación al exterior era conocida como el «camino al Mar del Norte[15]». 

Hoy en día, se le conoce como la ruta al Atlántico.  Para el caso particular de la provincia de Guatemala[16], el principal enclave comercial de los británicos en la Verapaz fue la colonia de «Belize».

La línea costera del Atlantico cobró, a mediados del siglo XVII, una importancia especial para la salida de la producción añilera y cacaotera, situada la línea costera del Mar del Sur[17] hacia sus mercados en el Viejo Mundo.  

Estas materias primas —o commodities— se intercambiaban por los productos textiles del Reino Unido, ofrecidos a muy bajo precio y relativa calidad.

Como era de esperarse, el volumen de oferta comercial británica puso en serios problemas tanto a la producción de obrajes urbanos como a los talleres artesanales en los pueblos.

La razón de fondo era que, tras siglos de mercantilismo impuesto a los reinos indianos, la baja productividad de incipiente industria regional no pudo competir con las importaciones; puesto que no podía satisfacer a plenitud la demanda local. 

Por consiguiente, el producto local, posiblemente de mejor calidad, llego a ser más caro que el foráneo.  

El tiempo y las circunstancias internas[18] acabaron con los poderosos gremios de la capital del Reino de Guatemala.

La existencia de Belice se remota a la concesión hecha por España a Gran Bretaña en remoto e inaccesible Norte verapacense en 1783. La naturaleza del permiso tenía como su único objetivo la explotación de maderas preciosas.

Sin embargo, la escasa densidad demográfica en la colonia a principios del siglo XIX (menos de 4,000 personas) se triplicó en menos de treinta años; cuando llegó a casi 10,000 personas, en su mayoría inmigrantes jamaiquinos —entre esclavos y libertos—.

En contraste, la casi nula existencia de poblaciones hispanoparlantes en la costa del Caribe, propició la usurpación de los límites originales con el río Belice después de 1821.

Dos años después, al declararse la abolición de la esclavitud en todo el territorio centroamericano, se dieron algunos roces diplomáticos entre ambas naciones; pues los esclavos del territorio británico escapaban de las plantaciones y campamentos madereros; penetraron tanto en El Petén como en el margen sur del rio Belice, dentro del territorio atlántico de la Verapaz.

Según la legislación centroamericana, cualquier esclavo que llegara a territorio federal, automáticamente adquiría su plena libertad.

Por eso muchos amos, al no encontrar eco en sus reclamos ante las autoridades federales, en la práctica se hicieron justicia propia al adentrarse en territorio guatemalteco, para así perseguir a sus esclavos.

Al no existir presencia militar ni ciudades importantes en todo el Norte guatemalteco[19], se facilitó la penetración británica hasta la orilla septentrional del rio Sarstún.

Mapa topográfico que expone las concesiones de la Corona española a la británica, estipuladas en los tratados de Versalles de 1783 y 1786. Con el tiempo, la lejanía y falta de poblaciones hispanoparlantes; el resto de la costa verapacense sin concesionar (el territorio que hoy reclama Guatemala) fue usurpada desde antes de la independencia centroamericana.  

Síntesis de la situación hacendística (finanzas públicas, y desarrollo económico) en Guatemala.

Desde la puesta en práctica de las reformas borbónicas en sus territorios americanos, la fuente principal de ingresos para la Corona fueron las alcabalas[20] y los estancos[21].

Sin embargo, el bajo movimiento comercial en el istmo centroamericano durante los últimos años del periodo colonial impidió que la recaudación tuviera alguna significación.

El problema fiscal se agudizó durante la vigencia del pacto federal, puesto que solamente los Estados de Guatemala y El Salvador hicieron los aportes monetarios para el sostenimiento de la burocracia y el ejército federal; siendo insignificantes los aportes hechos por los demás Estados de la República.

A causa de este déficit fiscal para sostener el aparato de gobierno, las autoridades se vieron forzadas a solicitar en 1827 un empréstito de más 7,000,000 pesos a la casa financiera Barclay, Bevan, Bening & Tritton, cuya casa matriz estaba en Londres.

Con este préstamo bancario inició la llamada «deuda inglesa».  

No obstante, la política económica el gobierno federal fue en extremo liberal.

Al abolir de un tajo todos los impuestos a la importación, la balanza comercial de la República cayó en una peligrosa asimétrica en términos de ingresos respecto a egresos fiscales, con lo que las funciones básicas del Estado pendieron de un hilo.

La inestabilidad política, la inseguridad y falta de certeza jurídica en la tenencia de propiedad (sin importar si era privada o colectiva) ahuyentaron los incentivos que pudieran garantizar la inversión de capital interno o externo.

La irrisoria competitividad de la producción centroamericana fue un fenómeno propio de la poca o nula capitalización y tecnificación en los rubros antes mencionados.

En términos contables, los elevados costos directos e indirectos para invertir en una región tan volátil no generaron las condiciones mínimas para la creación de riqueza general.

Por otra parte, la amplia disponibilidad de productos británicos frente a la pobre productividad local complicó todavía más el panorama por lo que con el tiempo terminó por acabar con la producción gremial, principalmente en las ciudades. [22]

La desocupación y empobrecimiento de las poblaciones urbanas se sumó la agitación política que, finalmente, desembocó en las guerras civiles en gran parte del istmo.

La conflictividad regional obligó a los gobiernos estatales a reencausar sus exiguos ingresos para fines bélicos, como ya se apuntó anteriormente.  

Grabado donde se aprecia el entorno feraz y accidentado al que se enfrentaron los primeros viajeros extranjeros en territorio centroamericano. Imagen encontrada en de Lamartine, Monsieur. Voyages Autour du Monde. Naufrages Célebres. Voyages dans les Ameriques. (1844). p. 349

Balance general del periodo federal

Dejando de lado las acusaciones mutuas que autores afines al liberalismo y al conservadurismo hicieron a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, justificando la actuación de sus correligionarios durante el proceso de conformación federal en Centroamérica, han de tenerse algunas consideraciones teniendo en cuenta la lejanía del tiempo y el fin de las pasiones partidarias.

Los estudios historiográficos más contemporáneos han encontrado múltiples causas que explican, en gran parte, el fracaso de nuestros ancestros en llevar a cabo con éxito el proyecto federal para la América central.

Algunas de estas razones se refieren a la complejidad e inoperancia de la constitución federal de 1824; la escasez del recurso humano profesional[23] para ejercer el poder y la cortedad de medios económicos para echar a andar el aparato federal, no así el de los estados integrantes de la unión.

Otros factores importantes giraron alrededor de la polarización ideológica en torno al papel de la iglesia católica dentro de la política y sociedad y la aparente ambición personalista de los caudillos.

La movilización de las masas campesinas contra las ciudades y la intransigencia de los políticos más exaltados frente al poder federal.

Todo lo anterior corresponde a los argumentos dados por los conservadores.

Los liberales por su parte contraargumentaban la virulenta oposición a todo cambio estructural sobre el «cómo» dirigir los destinos de la federación, en especial la proveniente del clero que, desde la perspectiva liberal, manipulaba a las masas para así lograr sus fines.

La aparente traición de Manuel José Arce al colocar conservadores en su gabinete y la enorme influencia política y económica de la legación británica en asuntos de Estado fueron, en apariencia, otro de los motivos para oponerse junto con otros sectores conservadores para mantener la unión centroamericana.

Frente a estos juicios quizás justificados, algunos autores contemporáneos han filtrado la información existente, ofreciendo otra visión de las circunstancias.

Entre los factores de importancia destacan la escasa población en todo el territorio; el pésimo estado de las vías de comunicación intrarregional; la deficiente estructura del sistema administrativo; las rivalidades políticas y económica entre regiones; la existencia de ejércitos en cada estado; el rencor de las elites provinciales hacia «las familias de sangre en la Corte»; la violenta separación —en su momento— entre la Iglesia y el Estado así como la depresión económica arrastrada desde finales del siglo XVIII, ya en el período tardocolonial.

Respecto a la forma en cómo debía funcionar el nuevo régimen, la práctica se sobrepuso a la teoría.

La Asamblea federal —por la inexperiencia técnica y la polarización ideológica— fue prácticamente inoperante.

En cambio, el organismo ejecutivo —aun con las disposiciones legales que debilitaban su papel institucional— se mantuvo de manera casi permanentemente.

Dada esta continuidad y la urgente necesidad en la toma de decisiones de carácter político, de cara al vacío que ofrecía el cuerpo legislativo, puso a los Jefes de Estado y al Presidente de la Federación en la situación de atribuirse poderes que constitucionalmente no les correspondían.

Por esas calamidades antes descritas, el auge del caudillismo quedó manifiesto desde los albores de la época republicana.

Frente a esta suerte de autoritarismo emergente, los opositores políticos de las figuras gobernantes actuaron fuera de los lineamientos normativos previamente consensuados, pues traspasaron la línea de la oposición legitima a la acción armada.

Este escenario de luchas internas se dio cada rincón[24] de Centroamérica, donde los estamentos urbanos medios y altos —herederos de la Ilustración a principios de siglo XIX— jugaron un papel preponderante en estas perturbaciones.

El resto de la población —artesana y campesina— generalmente no intervino directamente en las decisiones políticas, con la sola excepción de los líderes y subalternos de las facciones armadas provenientes del área rural.

Entre 1823 y 1825 el fenómeno de la concentración del poder local en las elites provinciales, fortaleció el regionalismo que finalmente decantó en la creación de las cinco repúblicas centroamericanas entre 1838 y 1841.   

Referencias

Lainfiesta, Francisco. Mis memorias. Cd. de Guatª., Guatemala: Académia de Geografía e Historia de Guatemala, 1986.

Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. 3ª. Edición. cd.de Guatª: Fondo de Cultura Económico, 1998.

Samayoa, José Eulalio. Notas, recuerdos y memorias. 1ª. Ed. Editado por Jorge Luján Muñoz. Vol. Pub. Especial n°. 46. Cd. de Guatemala, Guatª.: Académia de Geografía e Historia de Guatemala, 2010.

Woodward Jr., Ralph Lee. Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871. 2ª. Ed. Traducido por Jorge Skinner-Klee. Cd. de Guatemala, Guatemala: Biblioteca Básica de Historia de Guatemala. Serviprensa Centroamericana, 2011.

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[1] Históricamente esta comarca fue conocida, en tiempos hispánicos, como el corregimiento de Guazacapán; que con el tiempo llego a formarse un distrito con los actuales departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.

[2] Amplia región organizada como Corregimiento a mediados del siglo XVI y convertida en distrito —o departamento— durante la reorganización político-administrativa posterior a la separación de México en 1824. Comprendía los actuales departamentos de Chiquimula, Zacapa, Izabal, gran parte de Jalapa y El Progreso, algunas áreas de Santa Rosa, Jutiapa, Alta Verapaz, el Petén e incluso parte de los departamentos hondureños de Copán, Santa Bárbara y Cortés.

[3] Vale la pena mencionar que no era primera vez que se aplicaban vacunas en Guatemala. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los primeros casos epidemiológicos en ser tratados por vacunas fueron efectuados por miembros del clero secular. Sin embargo, la mayor parte de intelectualidad eclesiástica que quedaba en Guatemala desapareció con la revolución de 1829. 

[4] Los minifundistas siempre han sido los propietarios de pequeñas parcelas o fincas que, por la extensión de sus fincas, encajan en el modelo de económica de subsistencia. 

[5] Es prudente constatar que esta “reversión” responde más bien a la retórica de la intelectualidad opuesta al conservadurismo (liberales, positivistas y luego marxistas). Con excepción de las prerrogativas al clero y parcialmente la cuestión indígena, en ningún momento durante el período conservador hubo un ordenamiento estrictamente “colonial”. Las instituciones surgidas tardíamente en el periodo indiano como el Ejército, el Consulado y la Sociedad Económica tenían orígenes más bien iluministas. 

[6] Hay referencias que atrás de las huestes guerrilleras, las familias de los soldados los acompañaban para cargar con el botín de guerra. No obstante, la estricta organización jerárquica desarrollada por Carrera evitó mayores excesos ocurridos en el pasado.

[7] Aunque en la actualidad este adjetivo defina a la persona que demuestre una aparente devoción hacia todos los usos y costumbres del catolicismo; existe la explicación que los habitantes de las regiones ganaderas cuyas armas de fuego eran generalmente pistolas de chispa o mosquetes antiguos, se valían de cuernos de toro o «cachos» para almacenar tanto la pólvora como las balas de perdigón.

[8] Este fenómeno es típico de las luchas en la primera mitad del siglo XIX a lo largo de toda América latina, por lo que no es exclusivo de Guatemala.

[9] Desde 1834 funcionaba en dicha ciudad el gobierno federal que, con las vicisitudes posteriores al rompimiento del federalismo, la mayor parte de archivos (principalmente de la Real Audiencia de Guatemala) se perdieron en el fragor de las luchas civiles.

[10] Véase resumen de la primera sesión, pág. 5.

[11] Durante todo el siglo XIX, el ejercicio público de funcionarios no-originarios de los Estados fue muy común, dado que la afinidad política trascendía por mucho —y a diferencias de lo que hoy sucede—la importancia del lugar de nacimiento.

[12] Uno de los tantos encuentros bélicos entre las fuerzas federales contra la facción conservadora que intentó asaltar esta fortificación en la costa atlántica de Honduras, proveniente de Cuba, vía Belice. 

[13] En la parte noroccidental del entonces departamento de Totonicapán, en lo que hoy es el departamento de Huehuetenango.

[14] La alcabala fue un tributo o impuesto sobre las ventas efectuadas de un producto. Normalmente se cobraba en garitas aledañas a las vías de comunicación en las entradas de las poblaciones principales.

[15] El circuito vial a lo largo del antiguo camino real del Golfo Dulce, los puertos a lo largo del río Motagua, Santo Tomas de Castilla y Bodegas, en pleno “golfo Dulce” —ahora conocido como lago de Izabal— hasta alcanzar el territorio de Belice.

[16] Durante la vigencia de la Constitución de Cádiz (1812-14 y 1820-1821), la provincia de Guatemala comprendía las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y buena parte de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche.

[17] A lo largo de la costa del océano Pacífico existían varias alcaldías y corregimientos guatemalenses (desde Soconusco hasta Guazacapan) así como la intendencia de San Salvador.

[18] Como el trastorno económico ocasionado por el traslado de la capital hacia el valle de la Ermita.

[19] Con excepción de la villa de Nuestra Señora de Los Remedios y el castillo de San Pablo del Itzá, que en la actualidad forman ciudad de Flores y San Benito en el departamento del Petén.

[20] Estos eran impuestos aduanares que pagaban los comerciantes al ingresar productos del exterior, tanto en las aduanas de los puertos como en las garitas de las ciudades.

[21] Tipos de compañías reales —o empresas de la Corona— que acopiaban todo el producto de ciertas actividades consideradas clave como las carnicerías, las tabacaleras, la fabricación de la pólvora, el papel sellado, &ª.; para evitar la fluctuación de precios que propicia la competencia desregulada. 

[22] La única región que escapó en gran medida a estas calamidades fue la lejana Costa Rica, que por lo mismo continuo su desarrollo en forma aislada.

[23] La antigua burocracia colonial salió del país luego de la independencia. 

[24] Cabe resaltar aun con la desintegración general de la República, los efectos de las disputas políticas tuvieron efectos asimétricos de una región a otra. Mientras que el caos y la destrucción asolaban Guatemala y El Salvador (por ejemplo), en regiones tan remotas como Costa Rica, los cambios se dieron de una forma totalmente distinta.